La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia anunció este viernes las primeras imputaciones a mandos medios de las extintas FARC, acusando de crímenes de guerra y lesa humanidad a 10 exguerrilleros por ser máximos responsables de secuestro y crímenes derivados en el centro del país.
Estas imputaciones se realizan en el macrocaso 01, que estudia los secuestros por el movimiento guerrillero y por el que ya fue imputada toda la última cúpula dirigente de la guerrilla.
Es la primera de siete imputaciones regionales y atañe principalmente al Comando Conjunto Central (CCC), que operaba en los departamentos del Tolima, Huila y Quindío (centro-sur de Colombia).
Se trata de los ex miembros del CCC Luis Eduardo Rayo, conocido como «Marlon»; Enoc Capera Trujillo, «Giovanni»; Jhon Jairo Oliveros Grisales, «Armando Pipas»; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, «Gonzalo»; Édgar Ramírez Medina, «Onofre Camargo»; Víctor Hugo Silva, «Erick» o «el Chivo»; Raúl Agudelo Medina, «Olivo Saldaña», y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como «Teófilo».
Además, se imputó a Álvaro Henner López, conocido como «J.J» o «Jhon Jairo Paz Guevara», y a Gustavo Bocanegra Ortegón, «Donald», como máximos responsables por secuestros en el centro del país aunque no tuvieron mando sobre el CCC.
«La JEP determinó que son máximos responsables por su liderazgo y que ostentaron el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de las comisiones Financiera Manuelita Sáenz y Política René González», aseguró en una rueda de prensa la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre.
El CCC llegó a tener 1.180 miembros, pero fue la estructura regional más pequeña de las FARC y realizó, proporcionalmente, el menor caso de secuestros.
De las 5.219 víctimas de secuestros registradas, 111 corresponden a esta estructura, es decir, el 2 %, pero la JEP considera que el CCC «jugó un papel importante en la manera en que la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros».
Su importancia radica en que en el CCC estaba integrada la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que «creó un complejo sistema de financiamiento por medio de ‘nóminas’ de extorsión enfocado en sectores de la región» como el arroz, el café, el petróleo o tasas a la cerveza y la gasolina, explicó la magistrada.
«Así, a falta de otras fuentes de financiación, era con las extorsiones y los secuestros buscaban financiar la tropa, las operaciones militares, y enviar una cuota al Secretariado», alegó Lemaitre.
La JEP fue creada para juzgar crímenes colectivos y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado colombiano con las FARC, por ello ofrece penas no restrictivas de libertad a cambio de que los acusados aporten verdad y se les impongan penas restaurativas con las víctimas.
Por eso ahora los imputados deberán reconocer su responsabilidad en estos crímenes en los próximos 30 días, y después participar en audiencias de aportación de «verdad plena, detallada y exhaustiva, y de reparar a las víctimas».
